El Gobierno ha pactado junto a los sindicatos una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5% para 2024, hasta los 1.134 euros al mes. Permítanme que corrija esta cifra: son 1.750 euros porque hay que sumar los voraces impuestos al empleo (cotizaciones), que ya subieron hace muy poco con la reforma de las pensiones. Esta propuesta se ha aprobado sin el respaldo de las organizaciones empresariales, desde donde se proponía una subida razonable de un 3% más 0,5%, y se basaba, como exige el Estatuto de los Trabajadores, en el análisis de IPC, productividad, empleo y coyuntura económica.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso un 4% y cuando los empresarios no la apoyamos, de pronto, nos sorprendió con una subida del 5%. Detrás de esa nueva propuesta no había ningún criterio técnico, sino sólo una actitud irresponsable, autoritaria y no dialogante.
Incrementar los costes de producción de cualquier actividad empresarial durante un periodo de desaceleración económica es un completo disparate (en 2023 cerramos con un crecimiento del 2,4%, y se espera que en 2024 crezcamos entre el 1,4% y el 1,6%). Además, esta circunstancia es especialmente grave en España porque pagamos uno de los más elevados impuestos al empleo, que son las cotizaciones sociales, y es el único país de la UE con una tasa de paro de dos dígitos, con la más alta tasa de paro juvenil y donde hay más empleados a tiempo parcial queriendo trabajar más horas (casi cinco millones).
Detrás de esa nueva propuesta no hay ningún criterio técnico, sino sólo una actitud irresponsable, autoritaria y no dialogante.
Incrementar los costes de producción de la actividad empresarial, si no va acompañado previamente de un aumento en la productividad, provoca una reducción de puestos (o de horas) de trabajo, una destrucción de empleo que afectará a las personas menos cualificadas, los colectivos más vulnerables y los jóvenes españoles. La idea destila muy buena voluntad, que todos compartimos, pero sus efectos son justamente los contrarios a los deseados.
Durante los últimos meses se han adoptado decisiones fuera del diálogo social, que provocan incertidumbre e inseguridad jurídica. Es muy difícil medir el sentimiento de seguridad jurídica de un país para las empresas. Pero la Encuesta del Banco de España de Actividad Empresarial del Q4 concluye que el principal factor que está limitando la actividad empresarial es la incertidumbre sobre la política económica. Esto exige una reflexión profunda y que el Gobierno trabaje para favorecer el diálogo social y colabore con las empresas para incrementar la flexibilidad laboral, favorecer la productividad, y reducir las abultadas cifras de paro con Políticas Activas de Empleo eficaces. Esto generaría más riqueza y empleo sostenible, con el consecuente incremento de los salarios que ahora quieren implantar vía BOE.
La idea destila muy buena voluntad, que todos compartimos, pero sus efectos son justamente los contrarios a los deseados.
De todo esto tuve ocasión de hablar en La Sexta Xplica, en cuya mesa de debate participé representando a la parte empresarial. Te invito a ver mi análisis completo ▶️👇:
