Si un marciano llegara a España y le trasladaran las cifras de absentismo de España, pensaría que hemos vuelto a ser presa de una pandemia pero aún más dura que la sufrimos hace sólo unos pocos años. En concreto, el 5,3% de los empleados no acuden a su trabajo por motivos de salud. Estos datos reflejan el impulso que muestra el absentismo, una lacra que tiene un alto coste tanto económico como organizativo para las empresas y también para la Seguridad Social (es decir, el bolsillo de todos los ciudadanos). En concreto, estas faltas generaron el pasado año una factura de 16.487 millones para el Estado y alrededor de 14.000 millones para las compañías. La situación ya es insostenible, es uno de los principales obstáculos que nos encontramos para incrementar la productividad, así que resulta urgente que se pongan en marcha medidas que frenen este derroche.

Los empresarios hemos propuesto la gestión compartida con las mutuas de las dolencias más frecuentes. De esta manera se conseguirían dos objetivos: reducir el absentismo y desbloquear el Sistema Nacional de Salud. Es decir, sería bueno para todos.

El Gobierno de Galicia que dirige Alfonso Rueda ha puesto en marcha una buena práctica con resultados alentadores. Se trata de un plan especial de inspección de bajas que ha dado como resultado que, dos tercios de las 20.000 personas citadas por la inspección entre junio y diciembre, fueron dadas de alta, debido a que su incapacidad temporal no estaba justificada. 

El Consellero de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, creó una unidad de apoyo para ayudar a los servicios de inspección en las tres áreas que funcionaron como experiencia piloto. Por un lado, estos equipos entrevistaron a los médicos y les ofrecieron formación continuada en la normativa y la gestión de los procesos de incapacidad, su duración o las pruebas complementarias; por otro, “controlaron” las bajas en curso a través de citas con los pacientes. Como resultado, comprobaron que estaban justificadas el 61% de las incapacidades temporales en Ferrol y Lugo mientras que en Santiago el número caía hasta el 44%. En total, 13.684 de los 20.254 pacientes contactados recibieron el alta, un 67,56% del total.

Merece la pena estudiar esta iniciativa y ponerla en marcha en las diferentes CCAA. Según los últimos datos, el absentismo en logística alcanza el 8%. Esto significa que unas 103.000 personas no acuden diariamente a su puesto de trabajo, lo que supone 175 millones de horas de trabajo perdidas y más de 100.000 empleos anuales.

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1. Es verdad que se han batido varios récords que han fortalecido nuestro mercado laboral. La ocupación ha alcanzado un máximo histórico, ha crecido la población activa y el paro se ha reducido. No obstante, no podemos obviar que estos resultados se deben, en gran parte, al aumento de la ocupación coyuntural del verano en el sector servicios. Además, no debemos perder de vista que nuestra elevada tasa de desempleo se ha vuelto estructural y que la creación de puestos de trabajo muestra signos de ralentización, con un crecimiento trimestral de ocupación del 0,37%. Una cifra que es cuatro veces inferior a la media de los últimos dos años y casi la mitad de la registrada en la última década.

Todo esto es la prueba irrefutable de que las políticas activas en esta materia son un desastre absoluto, puesto que el que cae en el paro es casi imposible que se reincorpore al mercado laboral. 

2. El alza del empleo es consecuencia de la tasa de crecimiento de nuestra economía. Las principales casas de análisis esperan un crecimiento para este año del 3%. Sin embargo, este incremento está impulsado principalmente por dos factores. Desde la demanda, el gasto público crecerá un 3,8% (aumentando la deuda) y el consumo privado un 2,7%. Desde la oferta, gran parte de este aumento se debe al crecimiento del empleo, especialmente entre inmigrantes, que tiende a ser de baja productividad.

En otras palabras, no es que ahora gastemos más, sino que somos más personas, y ese nuevo gasto se suma al que ya existía. Lo mismo sucede con el PIB, que crece porque hay más afiliados y no porque los mismos trabajadores generen más riqueza (sean más productivos). Por eso decimos que, en términos de PIB per cápita, estamos estancados.

3. El aumento de trabajadores en España durante los meses de julio, agosto y septiembre fue principalmente entre ciudadanos extranjeros o de doble nacionalidad. Este fenómeno no es nuevo; en el último año, estos dos colectivos han ido asumiendo un papel cada vez más protagonista en nuestro mercado laboral. En total, España ha creado 377.000 empleos en el último año, de los cuales el 48% corresponden a trabajadores extranjeros y el 43% a empleados con doble nacionalidad, dejando solo el 9% restante para empleados españoles.

El sector del turismo, que es uno de los motores de nuestra economía, ya cuenta con más extranjeros que el promedio del resto de la economía. En hostelería, el 27% de los trabajadores son de origen extranjero, mientras que, en el total de la afiliación, representan en torno al 13,5%. Esto no significa, en ningún caso, que los extranjeros le quiten el trabajo a los españoles; al contrario, los nacionales, al contar con instrumentos de apoyo como las redes familiares y los subsidios, no suelen optar por los puestos de trabajo más duros y de salarios más bajos. Por lo tanto, el crecimiento de nuestra economía se lo debemos, en gran parte, a todos los extranjeros que llegan a nuestro país deseosos de incorporarse al mercado laboral. 

4. Nuestra maquinaria productiva va a tope, pero necesita contar cada año con cerca de medio millón de inmigrantes dispuestos a ocupar puestos poco cualificados, lo que da lugar a una economía de escasa productividad y muy poco sostenible en el tiempo. De hecho, esta forma de crecer genera un círculo poco virtuoso, puesto que a más empleos, menos productividad. Esto nos aleja de la economía de valor añadido, del conocimiento y de la transformación digital que es la que realmente genera riqueza y salarios elevados.

La principal conclusión que extraemos de este análisis es que este modelo de crecimiento tiene un límite que ya estamos alcanzando. Sobreterciarizar nuestra economía tiene enormes riesgos tanto económicos como sociales. Un sistema productivo sano es aquel que está equilibrado en sus diferentes sectores, y el nuestro no lo está. Para lograrlo, necesitamos un plan que se extienda más allá de una corta legislatura y que apueste por aumentar la industria, modernizar nuestros polígonos, favorecer la inversión en tecnología, mejorar la formación de los trabajadores, y fomentar un crecimiento más sostenible que se base en la productividad y en el cerebro de obra, no sólo en la cantidad de mano de obra. 

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