La consecuencia de esta interpretación jurisprudencial tradicional se reflejaba directamente en el cálculo de la indemnización por despido improcedente, ya que si entre una sucesión de contratos existía un lapso superior a 20 días laborables, se consideraba un “corte” que impedía al trabajador reclamar la antigüedad correspondiente a los contratos anteriores a dicho período.

Exponente de esta jurisprudencia son las SSTS 20-2-97, 21-2-97 y 25-3-97, que consideran irrelevante la interrupción de contratos que no exceda el plazo legal para reclamar por despido (20 días hábiles). Por el contrario, cualquier interrupción superior a ese plazo se considera relevante, lo que implica que, al calcular la indemnización por despido improcedente, el trabajador no puede reclamar la antigüedad de los contratos anteriores a dicha interrupción.

Sin embargo, el Tribunal Supremo comenzó a cambiar su jurisprudencia con la STS de 18 de febrero de 2009, Recurso 3256/2007, en la que señala que “debe consolidarse una nueva doctrina según la cual, en los casos de sucesión o encadenamiento de contratos temporales, debe analizarse toda la cadena de contratación y comprobar si existe unidad esencial en el vínculo laboral, independientemente de que, en determinados casos, la interrupción entre contratos pueda superar los 20 días mencionados anteriormente.”

En dicha sentencia, el Tribunal Supremo expone la llamada “unidad esencial del vínculo laboral”, que requiere analizar, en cada caso concreto, toda la cadena de contratos temporales y la duración de los periodos anteriores o posteriores a cada interrupción, con el fin de valorar si esa interrupción, aunque supere los 20 días, tiene suficiente entidad para considerarse una ruptura de la continuidad de la contratación.

Son numerosas las sentencias posteriores que reflejan una evolución significativa de la doctrina de la unidad esencial del vínculo, atendiendo a las circunstancias de hecho de cada caso. A continuación, se detallan algunas de las más relevantes:

• La STS de 15 de mayo de 2015 (Recurso 878/2014) confirmó la unidad del vínculo laboral a pesar de una interrupción de 45 días, durante la cual el trabajador percibió prestaciones por desempleo, considerando tanto el tiempo de servicios prestados antes como después de dicha interrupción.
• La STS de 23 de febrero de 2016 (Recurso 1423/2014) considera que no se acredita la ruptura de la unidad esencial del vínculo, a pesar de un intervalo de 69 días, cuando se trata de casos de contratación reiterada y fraudulenta.
• La STS de 23 de febrero de 2016 (Recurso 1423/2014) recuerda que la unidad del vínculo, a efectos del cómputo de la antigüedad, no se rompe, por ejemplo, por la simple firma de finiquitos entre contratos sucesivos con cortas interrupciones, ni cuando estas interrupciones coinciden con el periodo vacacional.
• La STS de 8 de noviembre de 2016 (Recurso 310/2015) “resume la doctrina que se ha ido consolidando y que ahora debe aplicarse por razones de igualdad en la aplicación de la ley y de seguridad jurídica, conforme a la finalidad de este recurso unificador”.

Toda la cuestión de autos se reduce, por tanto, a determinar qué debe entenderse por una interrupción “significativa” que justifique excluir la “unidad esencial” del vínculo. Si bien esta frontera se situaba inicialmente en los 20 días del plazo legal para reclamar por despido, en la jurisprudencia reciente se ha ampliado, considerando como irrelevantes los periodos de interrupción que no tengan importancia en relación con la duración total de los servicios prestados, tal como refleja la casuística jurisprudencial más reciente.

• La STS 1085/2020, de 9 de diciembre (Recurso 3954/2018), admitió la concurrencia de la unidad esencial del vínculo en una prestación de servicios de 10 años de duración, pese a varias interrupciones derivadas de contrataciones laborales fraudulentas, siendo la más larga de 4 meses y 13 días.
• La STS 87/2024, de 23 de enero (Recurso 2981/2022), se expresa en términos similares, considerando la existencia de un solo vínculo contractual enmascarado mediante la sucesión de 34 contratos temporales de distinta duración y objeto, celebrados en fraude de ley. La interrupción máxima fue de 3 meses y 18 días, lo que no se considera suficiente para romper la unidad esencial del vínculo, especialmente al tratarse siempre de la misma actividad.

En definitiva, la unidad esencial del vínculo es una figura jurídica de carácter casuístico que analiza toda la cadena de contratación, con el objetivo de proteger los derechos del trabajador que ha celebrado sucesivos contratos temporales con la misma empresa. En particular, esta doctrina garantiza que la antigüedad del trabajador, a efectos del cálculo de la indemnización por despido, se compute desde el primero de los contratos celebrados.

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Si un marciano llegara a España y le trasladaran las cifras de absentismo de España, pensaría que hemos vuelto a ser presa de una pandemia pero aún más dura que la sufrimos hace sólo unos pocos años. En concreto, el 5,3% de los empleados no acuden a su trabajo por motivos de salud. Estos datos reflejan el impulso que muestra el absentismo, una lacra que tiene un alto coste tanto económico como organizativo para las empresas y también para la Seguridad Social (es decir, el bolsillo de todos los ciudadanos). En concreto, estas faltas generaron el pasado año una factura de 16.487 millones para el Estado y alrededor de 14.000 millones para las compañías. La situación ya es insostenible, es uno de los principales obstáculos que nos encontramos para incrementar la productividad, así que resulta urgente que se pongan en marcha medidas que frenen este derroche.

Los empresarios hemos propuesto la gestión compartida con las mutuas de las dolencias más frecuentes. De esta manera se conseguirían dos objetivos: reducir el absentismo y desbloquear el Sistema Nacional de Salud. Es decir, sería bueno para todos.

El Gobierno de Galicia que dirige Alfonso Rueda ha puesto en marcha una buena práctica con resultados alentadores. Se trata de un plan especial de inspección de bajas que ha dado como resultado que, dos tercios de las 20.000 personas citadas por la inspección entre junio y diciembre, fueron dadas de alta, debido a que su incapacidad temporal no estaba justificada. 

El Consellero de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, creó una unidad de apoyo para ayudar a los servicios de inspección en las tres áreas que funcionaron como experiencia piloto. Por un lado, estos equipos entrevistaron a los médicos y les ofrecieron formación continuada en la normativa y la gestión de los procesos de incapacidad, su duración o las pruebas complementarias; por otro, “controlaron” las bajas en curso a través de citas con los pacientes. Como resultado, comprobaron que estaban justificadas el 61% de las incapacidades temporales en Ferrol y Lugo mientras que en Santiago el número caía hasta el 44%. En total, 13.684 de los 20.254 pacientes contactados recibieron el alta, un 67,56% del total.

Merece la pena estudiar esta iniciativa y ponerla en marcha en las diferentes CCAA. Según los últimos datos, el absentismo en logística alcanza el 8%. Esto significa que unas 103.000 personas no acuden diariamente a su puesto de trabajo, lo que supone 175 millones de horas de trabajo perdidas y más de 100.000 empleos anuales.

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1. Es verdad que se han batido varios récords que han fortalecido nuestro mercado laboral. La ocupación ha alcanzado un máximo histórico, ha crecido la población activa y el paro se ha reducido. No obstante, no podemos obviar que estos resultados se deben, en gran parte, al aumento de la ocupación coyuntural del verano en el sector servicios. Además, no debemos perder de vista que nuestra elevada tasa de desempleo se ha vuelto estructural y que la creación de puestos de trabajo muestra signos de ralentización, con un crecimiento trimestral de ocupación del 0,37%. Una cifra que es cuatro veces inferior a la media de los últimos dos años y casi la mitad de la registrada en la última década.

Todo esto es la prueba irrefutable de que las políticas activas en esta materia son un desastre absoluto, puesto que el que cae en el paro es casi imposible que se reincorpore al mercado laboral. 

2. El alza del empleo es consecuencia de la tasa de crecimiento de nuestra economía. Las principales casas de análisis esperan un crecimiento para este año del 3%. Sin embargo, este incremento está impulsado principalmente por dos factores. Desde la demanda, el gasto público crecerá un 3,8% (aumentando la deuda) y el consumo privado un 2,7%. Desde la oferta, gran parte de este aumento se debe al crecimiento del empleo, especialmente entre inmigrantes, que tiende a ser de baja productividad.

En otras palabras, no es que ahora gastemos más, sino que somos más personas, y ese nuevo gasto se suma al que ya existía. Lo mismo sucede con el PIB, que crece porque hay más afiliados y no porque los mismos trabajadores generen más riqueza (sean más productivos). Por eso decimos que, en términos de PIB per cápita, estamos estancados.

3. El aumento de trabajadores en España durante los meses de julio, agosto y septiembre fue principalmente entre ciudadanos extranjeros o de doble nacionalidad. Este fenómeno no es nuevo; en el último año, estos dos colectivos han ido asumiendo un papel cada vez más protagonista en nuestro mercado laboral. En total, España ha creado 377.000 empleos en el último año, de los cuales el 48% corresponden a trabajadores extranjeros y el 43% a empleados con doble nacionalidad, dejando solo el 9% restante para empleados españoles.

El sector del turismo, que es uno de los motores de nuestra economía, ya cuenta con más extranjeros que el promedio del resto de la economía. En hostelería, el 27% de los trabajadores son de origen extranjero, mientras que, en el total de la afiliación, representan en torno al 13,5%. Esto no significa, en ningún caso, que los extranjeros le quiten el trabajo a los españoles; al contrario, los nacionales, al contar con instrumentos de apoyo como las redes familiares y los subsidios, no suelen optar por los puestos de trabajo más duros y de salarios más bajos. Por lo tanto, el crecimiento de nuestra economía se lo debemos, en gran parte, a todos los extranjeros que llegan a nuestro país deseosos de incorporarse al mercado laboral. 

4. Nuestra maquinaria productiva va a tope, pero necesita contar cada año con cerca de medio millón de inmigrantes dispuestos a ocupar puestos poco cualificados, lo que da lugar a una economía de escasa productividad y muy poco sostenible en el tiempo. De hecho, esta forma de crecer genera un círculo poco virtuoso, puesto que a más empleos, menos productividad. Esto nos aleja de la economía de valor añadido, del conocimiento y de la transformación digital que es la que realmente genera riqueza y salarios elevados.

La principal conclusión que extraemos de este análisis es que este modelo de crecimiento tiene un límite que ya estamos alcanzando. Sobreterciarizar nuestra economía tiene enormes riesgos tanto económicos como sociales. Un sistema productivo sano es aquel que está equilibrado en sus diferentes sectores, y el nuestro no lo está. Para lograrlo, necesitamos un plan que se extienda más allá de una corta legislatura y que apueste por aumentar la industria, modernizar nuestros polígonos, favorecer la inversión en tecnología, mejorar la formación de los trabajadores, y fomentar un crecimiento más sostenible que se base en la productividad y en el cerebro de obra, no sólo en la cantidad de mano de obra. 

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Lo que, a mi juicio, sí será el petróleo del futuro es el capital humano. El combinado de talento que sean capaces de aportar las personas a los proyectos será ese petróleo que diferenciará a unas empresas de otras. Y es verdad que una parte de ese capital podrá ser deslocalizado y estar en casi cualquier parte del mundo, pero -perdón por pensar de nuevo en contra de la mayoría- un porcentaje muy importante de ese capital humano tendrá que ser necesariamente local. Esa será una de las más importantes palancas de atracción de inversiones y, por lo tanto, de generación de bienestar para los países.

Lideramos el porcentaje de parados en la UE con un 11,5%, mientras que la media de Europa está en el 6%

En este sentido, me preocupa muchísimo que, en este momento de brutal transformación del modelo productivo empujado por la digitalización, España se está quedando atrás y eso puede significar hipotecar nuestro futuro para los próximos 15-20 años.

Estamos asistiendo a la terrible paradoja de que en el Q2 de este año, según acaba de informar el INE, se han quedado sin cubrir 151.340 ofertas de trabajo. Y, al mismo tiempo, lideramos el porcentaje de parados en la UE con un 11,5%, mientras que la media de Europa está en el 6%. Pero, lo que es aún peor, nuestra tasa de paro de jóvenes (el futuro) asciende al 25,5%, mientras que en la UE está en casi la mitad (14,5%).   

Por otro lado, según el Ministerio de Educación, FP y Deportes, España acoge el mayor porcentaje de población juvenil que deja los estudios tras la ESO. Es decir, a los 17 años cuando termina la educación obligatoria, sin hacer ni siquiera los dos cursos del Bachillerato. En concreto, España duplica la media de los países avanzados (OCDE).

Las ayudas son un derecho, pero condicionado a un deber.

La actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está acometiendo una estrategia completamente equivocada porque se está centrando exclusivamente en fomentar la cultura de todo tipo de subsidios y ayudas económicas (políticas pasivas de empleo), olvidando las que sacan a la gente del paro que son las políticas activas. A cortísimo plazo pueden sonar muy bien, pero a medio plazo se convierten en una cárcel de la que cada día que pasa es más difícil salir, generando así una terrible dependencia. Y a nivel de país lo que consigue es destruir fuerza laboral que empuja al país hacia el desarrollo y el bienestar económico. No digo que haya que eliminar los subsidios, pero sí afirmo contundentemente que deberían estar directamente condicionadas. Es decir, el país ayuda mientras que el ciudadano trabaje para integrarse en el mercado laboral. Las ayudas son un derecho, pero condicionado a un deber. 

Si no nos tomamos en serio, como estrategia de país, la responsabilidad de generar un volumen importante de capital humano con una formación (la que demandan las empresas) de valor añadido, estaremos cerrándonos puertas a un futuro de bienestar y perdiendo competitividad en cantidades industriales. Eso, y poner un cartel que diga a las empresas «no inviertas aquí», es lo mismo. 

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso un 4% y cuando los empresarios no la apoyamos, de pronto, nos sorprendió con una subida del 5%. Detrás de esa nueva propuesta no había ningún criterio técnico, sino sólo una actitud irresponsable, autoritaria y no dialogante.

Incrementar los costes de producción de cualquier actividad empresarial durante un periodo de desaceleración económica es un completo disparate (en 2023 cerramos con un crecimiento del 2,4%, y se espera que en 2024 crezcamos entre el 1,4% y el 1,6%). Además, esta circunstancia es especialmente grave en España porque pagamos uno de los más elevados impuestos al empleo, que son las cotizaciones sociales, y es el único país de la UE con una tasa de paro de dos dígitos, con la más alta tasa de paro juvenil y donde hay más empleados a tiempo parcial queriendo trabajar más horas (casi cinco millones).

Detrás de esa nueva propuesta no hay ningún criterio técnico, sino sólo una actitud irresponsable, autoritaria y no dialogante.

Incrementar los costes de producción de la actividad empresarial, si no va acompañado previamente de un aumento en la productividad, provoca una reducción de puestos (o de horas) de trabajo, una destrucción de empleo que afectará a las personas menos cualificadas, los colectivos más vulnerables y los jóvenes españoles. La idea destila muy buena voluntad, que todos compartimos, pero sus efectos son justamente los contrarios a los deseados.

Durante los últimos meses se han adoptado decisiones fuera del diálogo social, que provocan incertidumbre e inseguridad jurídica. Es muy difícil medir el sentimiento de seguridad jurídica de un país para las empresas. Pero la Encuesta del Banco de España de Actividad Empresarial del Q4 concluye que el principal factor que está limitando la actividad empresarial es la incertidumbre sobre la política económica. Esto exige una reflexión profunda y que el Gobierno trabaje para favorecer el diálogo social y colabore con las empresas para incrementar la flexibilidad laboral, favorecer la productividad, y reducir las abultadas cifras de paro con Políticas Activas de Empleo eficaces. Esto generaría más riqueza y empleo sostenible, con el consecuente incremento de los salarios que ahora quieren implantar vía BOE.

La idea destila muy buena voluntad, que todos compartimos, pero sus efectos son justamente los contrarios a los deseados.

De todo esto tuve ocasión de hablar en La Sexta Xplica, en cuya mesa de debate participé representando a la parte empresarial. Te invito a ver mi análisis completo ▶️👇:

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El mes de agosto ha destrozado la senda de permanente creación de empleo en el sector logístico a la que venimos asistiendo desde los últimos seis meses. Y, desde UNO, ya veníamos advirtiendo de un lento debilitamiento de la actividad fruto de la bajada de la demanda interna, que en agosto ha sido más intensa debido a la reducción de pedidos del sector industrial.

A pesar de todo, el número de trabajadores en el sector logístico sigue estando por encima del millón, con 1.040.131 afiliados (3.685 menos que en el mes de julio). Por el momento, durante este año, el empleo en nuestro sector ha crecido en 23.129 afiliados, que no es poco teniendo en cuenta la situación general de la economía.

El mes de agosto ha destrozado la senda de permanente creación de empleo en el sector logístico a la que venimos asistiendo desde los últimos seis meses.

En cualquier caso, la logística y el transporte sigue siendo uno de los puntales del empleo en España, porque la disminución de puestos de trabajo durante el mes de agosto ha sido ligeramente inferior a la registrada en el conjunto de la economía. En concreto, un 0,72% frente al 0,88% de la economía en general.

Si nos fijamos en la afiliación por regiones, el cuadro de honor del empleo logístico sigue estando liderado por la Comunidad de Madrid (204.000), seguida de Cataluña (190.000) y Andalucía (144.000).

A nivel global, en agosto la economía española nos dejó 185.000 empleos menos y 25.000 desempleados más. Por lo tanto, la economía real comienza a evidenciar los efectos de:

• Las tensiones inflacionistas que padecemos desde mediados de 2021 (la ministra Calviño dijo que eran algo coyuntural)
• Las subidas de tipos de interés hasta máximos de 2008
• El terrible aumento de la presión fiscal en España
• La ausencia de reformas
• La mayor restricción al crédito
• La debilidad de la actividad en Alemania
• Las dudas sobre la recuperación de China

Si nos fijamos en la afiliación por regiones, el cuadro de honor del empleo logístico sigue estando liderado por la Comunidad de Madrid (204.000), seguida de Cataluña (190.000) y Andalucía (144.000).

Es decir, la economía española comienza a mostrar ya signos concretos de un deterioro de las expectativas de crecimiento a partir de este otoño y, especialmente, de cara a 2024. Todo hace pensar que vamos a asistir a una moderación del consumo y de la inversión empresarial. Por lo tanto, es urgente que se empiecen a acometer reformas.

Pero tampoco creo que haya que sobrevalorar lo sucedido es los últimos meses. A pesar de los ultraoptimistas mensajes oficiales, nuestro PIB en el segundo trimestre de este año sólo fue un 0,4% superior al registrado a finales de 2019, mientras que la media de los países del G7 fue de un 4,0%. Y, además, hemos mantenido la primera posición en porcentaje de desempleados a nivel general y también entre los jóvenes.

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